Hace un par de semanas los obispos de Chile, representados por Mons. Alejandro Goic, el presidente de la Conferencia Episcopal, y el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, presentaron al Presidente de la República su propuesta para un indulto  con ocasión del bicentenario de nuestro país, basada en la bimilenaria tradición de la Iglesia.  La propuesta de los obispos hablaba de justicia con clemencia y no excluía del indulto de antemano a los que habían cometido delitos contra los derechos humanos.  Abogaba por indultar o conceder beneficios carcelarios a los presos de avanzada edad, a los que sufrían enfermedades terminales y que no eran un peligro para la sociedad.

Aún antes de ser conocida en detalle por la opinión pública, la propuesta de los obispos desató una verdadera andanada de reacciones contrarias de parte de políticos, comentaristas de radio y televisión, columnistas de diarios y los miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.  Algunos opinaban que la Iglesia se había extralimitado en sus atribuciones y su campo propio de influencia al presentar esta propuesta.  Otros decían que habían borrado de un plumazo todo el bien que había hecho con su defensa de los derechos humanos durante el régimen militar.  Los primeros aparentemente no reconocen o no quieren reconocer la influencia de la fe en la vida, la vida de las personas y de la sociedad, y quisieran callar a la Iglesia sobre los asuntos, “encerrarla en la sacristía” o, en el mejor de los casos, permitir que hable sólo de temas puramente espirituales sin ninguna injerencia en la convivencia diaria.  Los otros parecen no darse cuenta que la defensa de los derechos humanos que ejerció la Iglesia durante el régimen militar no obedecía a una ideología política, ni a la defensa exclusiva y excluyente de los que compartían una sola corriente de pensamiento, sino a su convicción del valor y la dignidad  de la vida humana.  Recuerdo, a propósito de esto, el caso de un sacerdote amigo que fue detenido en aquellos años por haber dado refugio a un perseguido político.  Cuando el militar que lo interrogaba le preguntó porqué lo había hecho, contestó.  “haré lo mismo por usted, cuando se dé la vuelta la tortilla”.  Ahora que las circunstancias son diferentes, la Iglesia sigue defendiendo el valor y la dignidad de la vida humana, pero a favor de otras personas, porque no actúa por conveniencia sino por convicción.

Ante las presiones y la reacción de muchas personas y grupos, el Presidente decidió no enviar un proyecto de ley de indulto al Congreso, porque no contaba con el apoyo político necesario, sino hacer uso de su prorrogativa presidencial de indultar en casos particulares y limitados, excluyendo de estos a personas que hayan cometido delitos de esa humanidad.  Se comprende la decisión del Presidente en vista de la situación en que se encontraba, pero al mismo tiempo es una lástima que nuestro país no haya estado preparado para mostrar una justicia con mayor clemencia.

Sin embargo, el esfuerzo de los obispos por presentar su propuesta de indulto no fue un fracaso.  Ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, después de haber hecho un largo discernimiento sobre la materia; hicieron oír su voz, al igual que hacían en otros tiempos en defensa de los derechos humanos, cuando tampoco se les hizo caso.  Hicieron lo que su conciencia les dictaba, levantaron su voz a favor de la justicia con clemencia, aunque no se les oyó.  Después de todo, no fue muy diferente la suerte que corrió su Maestro a quien ellos intentan seguir.

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